La Paz, 23 de junio de 2026

En una emotiva aparición pública durante el velorio del histórico líder político Antonio «Toño» Araníbar—a quien describió como una de las raíces fundamentales de la democracia en el país—, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, ofreció un contundente balance sobre la situación político-social de Bolivia y la vigencia de las medidas de emergencia vigentes.

El mandatario fue enfático al declarar el fracaso de las movilizaciones que asfixiaron las rutas del país durante más de 50 días. Ante los rumores de que los sectores movilizados intentan reagruparse en los puntos estratégicos de las carreteras, Paz aclaró que, si bien el derecho a la libre asociación está plenamente garantizado, este no puede pasar por encima del bienestar común.

«Los sectores sociales se pueden reorganizar, pero para construir la patria, no para destruirla. El bloqueo ha sido derrotado, no puede retornar al país y lo que nos queda es construir, desarrollar un país donde todos los bolivianos se sientan con la oportunidad de poder crecer», aseveró Paz.

Mesas técnicas y firmeza legal

Pese a que el Ejecutivo ya coordina mesas técnicas de diálogo y reencuentro social junto a la Central Obrera Boliviana (COB) y diversas organizaciones sociales, la postura de la administración central respecto al orden público se mantiene inflexible. La prioridad actual es evitar que se repita el escenario de desabastecimiento y parálisis económica que precedió a la declaratoria de emergencia.

El jefe de Estado defendió el uso del decreto excepcional como el único mecanismo viable en este momento para garantizar la transición hacia una normalidad absoluta.

«Este Estado de excepción continúa porque tenemos muchas cosas que ordenar. Bolivia sí tiene que ordenar porque no se puede volver a repetir lo que ha ocurrido estos últimos 50 días; este Estado de excepción es el instrumento legal que nos permite ordenar el país», fundamentó la primera autoridad de la nación.

Las declaraciones presidenciales coinciden con los informes del vocero oficial, José Luis Gálvez, quien recordó recientemente que la medida constitucional tiene una vigencia proyectada de 90 días, periodo en el cual las fuerzas del orden y los ministerios operativos continuarán con las labores de limpieza de vías y estabilización de los mercados locales.